Como es sabido, el PP tiene planteado -hace ya siete años- un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el matrimonio entre homosexuales. El otro día, el ministro de Justicia recordó, en unas declaraciones a la Cadena Ser, esta posición de su partido. Pero, al mismo tiempo, expresó que, no obstante, no encontraba -en su opinión particular- causa de inconstitucionalidad. La derecha más fundamentalista y doctrinaria de este país saltó inmediatamente a la opinión pública y expuso -a bombo y platillo- la opinión confesional conocida de todos. Están en su derecho.
Ahora bien, con independencia de la opinión que cada cual pueda abrigar sobre el particular, conviene llamar la atención sobre algunas cosas de las que, en mi opinión, no se puede prescindir.
La primera consiste en subrayar que, en un Estado laico, como el nuestro (aunque lo niegue ese sector católico), no es posible imponer a la sociedad, con la fuerza del Estado, ninguna concepción confesional acerca del matrimonio y la familia. Es legítimo que los grupos confesionales tengan su propio modo de ver esta realidad y la expongan en la plaza pública. Pero ello no significa que el Estado haya de aceptarla de modo necesario y menos aún imponerla a una sociedad pluralista (y, por tanto, laica) como la española.
La segunda está en relación con una realidad social innegable. El matrimonio tradicional se ha descafeinado en tal grado que apenas pasa de ser otra cosa que una pura situación de hecho con efectos jurídicos. Digan lo que digan, crean lo que crean, lo cierto es que la gente -de forma muy mayoritaria- no acepta la concepción católica del matrimonio (en concreto, su indisolubilidad). Prefiere una unión soluble y hecha a la carta.
La tercera está directamente relacionada con la ingenuidad con la que algunos aparecen ante la opinión pública. El problema no reside en el señor Ruíz Gallardón -un verso suelto-. ¡Ojalá todo se redujese a esta constatación! En mi opinión, el problema radica en la posición de su partido como tal. Es el PP quien, en este tema, no parece que haga suyas las convicciones que supuestamente se le atribuyen. No se ve que el PP esté dispuesto a dar la batalla. Esto -que me parece obvio- incomoda profundamente a la derecha católica. Pues, lo siento. Pero nadie les ha mandado confiar la vigencia efectiva de sus convicciones confesionales a la acción de un partido político, a quien, a la larga, sólo le interesa el voto. Quien, en todo caso, les está fallando -en la perspectiva en que se sitúan- no es el ministro de justicia, sino el Partido Popular.
La cuarta consiste en recordar a estos grupos confesionales que en el pecado llevan la penitencia. En efecto, se opusieron abiertamente -todo el mundo sabe la razón de fondo- al proyecto legal de configurar y calificar estas realidades como unión civil. El tema quedó aparcado y ZP les hizo tomar taza y media. No quisieron la unión civil y tuvieron que tragar el matrimonio entre parejas homosexuales. Resulta sarcástico ver que ahora estos grupos confesionales consideran piedra angular (unión civil) la que ellos mismos desecharon en su día. ¡Qué aprendan!
La quinta puede consistir en recordar que, para escabullir el bulto, muchos políticos de la derecha lanzan balones fuera al respecto, esto es, esperan el veredicto del Tribunal Constitucional -que presumen a favor de la constitucionalidad de las uniones en cuestión- y en base al mismo lavarse las manos o llamarse andana. La intervención del ministro de Justicia encaja perfectamente en este posicionamiento del partido. Es decir, como no tiene sentido que un ministro exprese su posición particular, sólo es posible entender sus declaraciones como un mensaje al propio Tribunal Constitucional. ¡Al tiempo!
En definitiva, estos grupos que legítimamente alzan su voz deben tomar buena nota de lo que está ocurriendo. Ser más flexibles a la hora de querer imponer sus posiciones a toda la sociedad y andar atentos a lo que es posible desde una perspectiva política. No deberían olvidar el dicho que nos sirve de título, a saber: “Ojo al Cristo, que es de plata”.
Gregorio Delgado del Río es catedrático de universidad y abogado.
