YA ESTÁ EN LA CÁRCEL.- La Fiscalía Anticorrupción pide que el ex conseller de Territorio de Mallorca Tomeu Vicens sea condenado a 3 años y 10 meses de cárcel por regalar a unos amigos 11.930 euros públicos con un contrato fraudulento, unos hechos investigados en el caso Maquillaje que juzgará la próxima semana la Audiencia de Palma.
El ex dirigente de UM, que se encuentra en prisión condenado por prevaricación y malversación, será juzgado por los mismos delitos los próximos martes y jueves, y le acompañarán en el banquillo Elisabet Diéguez y Alfredo Conde, socios de la productora a la que Vicens pagó por un trabajo ya realizado, y el exdirector insular de Patrimonio Joan Josep Mas, que autorizó el procedimiento.
El escrito de acusación de la fiscalía detalla que en 2004, cuando ejercía como conseller del Consell de Mallorca, Vicens "decidió de manera arbitraria beneficiar con fondos públicos a la sociedad Studio Media Comunicación", propiedad de Diéguez y Conde, una empresa para la que el político había trabajado como abogado.
El ex conseller promovió un expediente de contratación para que la empresa de sus amigos, de la que entre 2001 y 2003 había cobrado 9.000 euros, realizara para el Consell unos programas promocionales del patrimonio mallorquín.
Este encargo no representaba "ni trabajo ni contraprestación onerosa alguna" para Diéguez y Conde, puesto que los programas ya habían sido realizados, emitidos y pagados por la propia institución insular.
Como gestor público, los servicios prestados a Studio Media Comunicación incapacitaban legalmente a Vicens para intervenir en cualquier contrato con dicha empresa, y además esta sociedad tampoco podía ser beneficiaria de un contrato público porque no estaba al corriente de pago de impuestos y con la Seguridad Social.
Según la acusación pública, el Consell se saltó estas prohibiciones por indicación de Vicens y con el respaldo del entonces director del departamento de Patrimonio, Joan Josep Mas, que dio su visto bueno al contrato pese a saber que la serie audiovisual ya había sido emitida, ya que él mismo intervino en un capítulo.
En cuanto a Alfredo Conde y Elisabet Diéguez, Anticorrupción cree probado que aceptaron el contrato propuesto por Vicens "teniendo pleno conocimiento" de su ilegalidad y de que suponía una malversación de fondos públicos.
Los fiscales piden para el exconseller de UM 3 años y 10 meses de prisión por malversación y prevaricación, además de 16 años y seis meses de inhabilitación.
Conde y Diéguez (también administradora de Metalumba, una empresa de Vicens) se enfrentan cada uno a una solicitud de condena de 2 años y 3 meses por malversación, y Mas podría ser condenado a 1,5 años de cárcel por complicidad en prevaricación y malversación.
